El Harakiri Mediático que aun afecta a México
Felipe Calderón y la “Guerra contra el narcotráfico”
México llegó a ser considerado “uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo”. Para diciembre de 2009 ya habían muerto más de 100 periodistas en el país en el marco de esa guerra. En ese clima de terror —entre presiones oficiales y amenazas del crimen organizado— se gestó el llamado Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, también conocido popularmente como “acuerdo del silencio”.
El 24 de marzo de 2011, convocados por las cadenas Televisa y TV Azteca (lideradas por Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego), 30 medios de comunicación de alcance nacional se reunieron en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México para firmar un documento conjunto. En ese acto se anunció un “acuerdo para la cobertura informativa de la violencia del crimen organizado” que incluía un decálogo de criterios editoriales. Los firmantes argumentaron que estas reglas servirían para proteger a los ciudadanos y a los propios reporteros, evitando por ejemplo filtrar información que pusiera en riesgo operativos de seguridad o exponer a policías e instituciones. Entre los compromisos declarados figuraban:
No difundir información que ponga en riesgo operativos o a las fuerzas de seguridad. Es decir, evitar publicar datos que pudieran facilitar la acción de los cárteles o la localización de fuerzas federales.
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No servir como “voceros” del crimen organizado. No permitir que los criminales se presenten como víctimas o héroes públicos, ni usar su lenguaje (por ejemplo, mantas o comunicados de los narcos).
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Limitar la difusión de imágenes y escenas violentas. Discreción con fotografías de sangre o ejecuciones “para no glorificar la violencia”.
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No entrevistar ni “condenar” públicamente a presuntos criminales antes de sentencia. Por ejemplo, se recomendó abstenerse de entrevistar a miembros de organizaciones delictivas cuando aún no habían sido sentenciados.
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Tomar postura en contra de la violencia. El decálogo instaba a enfatizar que la violencia es “producto de los criminales” y “condenar y rechazar la violencia” abiertamente.
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Cuidar la dignidad de víctimas y menores. Proteger la imagen de las víctimas y no exponer a niños involucrados en hechos violentos.
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Aplicar protocolos de seguridad para periodistas. Por ejemplo, se mencionó no firmar las notas sobre narcoviolencia, hacer coberturas conjuntas entre medios y evitar transmisiones en vivo desde zonas de alto peligro (Cada medio definiría medidas específicas de protección).
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Solidaridad ante amenazas. Los medios prometieron apoyarse mutuamente ante cualquier intimidación o ataque a reporteros.
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No interferir en la estrategia de seguridad. En el decálogo final, se subrayó que los medios no debían “interferir en el combate a la delincuencia” ni difundir información que comprometiera la vida de policías, jueces u otras autoridades encargadas de la seguridad.
Medios firmantes vs. no firmantes
El llamado “Acuerdo del silencio” fue firmado por 715 medios de comunicación de todo el país, incluyendo las grandes televisoras y cadenas radiofónicas. En la práctica, esto abarcó a la mayoría de medios comerciales, desde televisión y radio hasta periódicos nacionales. Entre los firmantes se contaron, por ejemplo, Televisa y TV Azteca (dueños Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego), cadenas de radio como Radio Fórmula, grupos radiofónicos (ACIR, Imagen) y diarios nacionales como El Universal, Excélsior, El Financiero o Grupo Milenio.
Por el contrario, varios medios críticos de gran circulación decidieron no suscribir el acuerdo. Destacan en ese grupo el diario Proceso, La Jornada, la cadena de radio MVS (W Radio) e incluso medios regionales de primera línea como El Diario de Yucatán y El Diario de Juárez. En la siguiente tabla se ilustran algunos ejemplos:
| Firmaron el Acuerdo (ejemplos) | Rechazaron el Acuerdo (ejemplos) |
|---|---|
| Televisa (Emilio Azcárraga Jean) | La Jornada |
| TV Azteca (Ricardo Salinas Pliego) | Proceso |
| Grupo Imagen, Grupo ACIR, Radio Fórmula | MVS (W Radio) |
| El Universal, Excélsior, El Financiero, Milenio | Diario de Yucatán, Diario de Juárez |
Reacciones: debate mediático, político y ciudadano
El “pacto” generó reacciones encontradas desde su anuncio. Por un lado, algunos de los firmantes defendieron la iniciativa como necesaria para no sensacionalizar la violencia. Por ejemplo, Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos (firmante), declaró: “Necesitamos ser capaces de decirle a la sociedad la verdad cruda de lo que pasa sin tornarnos involuntariamente en voceros de los intereses de la violencia”. Consideraba que la prensa debía “modular” con rigor la información sin magnificarla. Los organizadores insistieron en que los criterios reforzaban la libertad de prensa y la corresponsabilidad con el Estado en la lucha contra el crimen.
Sin embargo, muchos periodistas y medios independientes criticaron abiertamente el acuerdo como una forma de censura consentida. La Jornada, por ejemplo, publicó en portada tras la firma un contundente titular editorial: “Penoso, el harakiri mediático que tendrá lugar hoy…” y reprochó que los medios firmarían un “esperpéntico acuerdo para portarse bien. ¿Quién lo exigió?”. Otros comunicadores señalaron que el convenio buscaba “acallar” informaciones incómodas para el gobierno. Pedro Torres, entonces subdirector del diario El Diario de Juárez (que rechazó el pacto), relató que Claudio X. González (Fundación Televisa) les invitó a proponer al presidente Calderón un “lenguaje diferente” en las noticias de narco, pero él se negó por considerar el acuerdo “muy burdo”. Torres denunció además la incongruencia de no querer llamar “guerra” a la estrategia oficial, cuando fue el propio Calderón quien declaró ese combate.
En el ámbito político, el gobierno federal negó que hubiera imposición o censura. El subsecretario de Gobernación afirmó que la autoridad “no sugerirá ni impondrá criterios” en los contenidos de los medios. De hecho, ningún funcionario público presidió la ceremonia de firma, lo cual subrayó que era un compromiso ostensiblemente voluntario. Sin embargo, la sospecha fue generalizada: para muchos ciudadanos y observadores el acuerdo fue interpretado como un “pacto de silencio” entre el gobierno y la mayoría de los grandes medios. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han recordado este episodio como un claro precedente de autorregulación periodística que bien pudo limitar el derecho a informar.
Consecuencias a corto y largo plazo
A corto plazo, el resultado inmediato del acuerdo fue polémico: pese a las intenciones declaradas, la violencia continuó escalando sin que se registraran avances significativos en la seguridad. Un reportaje de El País recordó que un pacto similar de 2008 —que también buscaba moderar noticias— había tenido “cero resultados”. La propia cobertura periodística de los hechos siguió dependiendo más de los medios críticos y de las coberturas de eventos oficiales, mientras que en TV y radio se adoptó ampliamente la postura moderadora pactada. Esto provocó una mayor desconfianza del público hacia los medios tradicionales: muchos usuarios llegaron a creer que los grandes grupos mediáticos ocultaban información delictiva relevante.
A más largo plazo, analistas y periodistas destacan que el acuerdo marcó un precedente negativo para la libertad de prensa. Se ha señalado que funcionó como una “operación de contrainteligencia” que dio al gobierno un amplio margen de maniobra sin vigilancia periodística. Bajo las reglas autoimpuestas, los medios casi no cuestionaron públicamente la estrategia oficial ni la colusión de autoridades con el narcotráfico, limitando la cobertura crítica de la guerra. Contralínea describió el pacto como un acuerdo de restricción informativa y censura consensuada, señalando que permitió que las acciones oficiales siguieran sin el escrutinio debido. En consecuencia, el episodio ha quedado en el imaginario colectivo como un símbolo de autocensura: como resumió La Jornada, fue un “harakiri mediático” que socavó la credibilidad periodística.
En suma, el “acuerdo del silencio” de 2011 —impulsado por Televisa y TV Azteca y suscrito por la mayoría de medios convencionales— ha pasado a la historia como una estrategia polémica para regular internamente la información sobre la violencia. Las voces discrepantes lo consideran un ejercicio autorregulatorio que limitó la libertad de prensa y contribuyó a que la sociedad percibiera un pacto entre gobierno y medios para minimizar la realidad del narco.
Fuentes: Textos de prensa y análisis sobre el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia (marzo de 2011).
Estos incluyen reportajes contemporáneos de La Jornada, Infobae y El País, además de testimonios y entrevistas publicadas en años recientes.
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